En una decisión que reafirma el rumbo económico de su administración, el presidente Javier Milei vetó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso con amplio respaldo de la oposición y el acompañamiento de la comunidad académica.
La norma preveía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y contemplaba además la reapertura de las negociaciones paritarias del sector docente universitario, en un contexto de fuerte deterioro presupuestario y salarial.
Sin embargo, el Gobierno nacional desestimó su aplicación con el argumento de proteger el equilibrio fiscal. A través de un decreto, el Poder Ejecutivo fundamentó el veto en «la insuficiencia de recursos y la falta de previsión en el presupuesto nacional», lo que, según el texto oficial, «genera preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal».
En el mismo sentido, el documento subraya “la necesidad de un enfoque más equilibrado y sostenible en la política de financiamiento de la educación superior en Argentina”, en línea con la postura del presidente Milei de evitar cualquier medida que implique un aumento del gasto público sin financiamiento específico.
Reacciones y próximo escenario legislativo
La decisión generó un nuevo foco de tensión con el sistema universitario, que viene advirtiendo sobre el ahogo presupuestario que enfrentan las casas de estudio en todo el país. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos sectores gremiales, ya se anticipan medidas de protesta y una nueva etapa de conflicto.
En el plano legislativo, los bloques opositores que impulsaron la ley adelantaron que buscarán insistir con la norma en el Congreso, lo que requerirá una mayoría especial de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En contraste, el oficialismo sólo necesita mantener un tercio de los votos en una de las dos cámaras para sostener el veto presidencial.
Mientras tanto, el conflicto con las universidades se suma a un clima de creciente malestar social ante el ajuste fiscal que sostiene el Gobierno. Para el oficialismo, la decisión representa un mensaje de consistencia con su plan económico; para la oposición, una señal de desinterés por el futuro del sistema educativo público.
