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Violencia de género: crecieron las penas en suspenso y las causas judiciales en fase de ejecución registraron la imposición de más reglas de conducta que en otros casos

Las unidades especializadas relevaron sentencias con penas en suspenso dictadas entre 2016 y 2018 y, de ellas, analizaron una muestra de 112. Establecieron que, en promedio, se imponen en estos casos 2,5 reglas de conducta. Indicaron que es necesario considerar el diseño de un repertorio de reglas específicas.


La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) a cargo de las fiscales Mariela Labozzetta y Guillermina García Padín, respectivamente, elaboraron un informe sobre penas en suspenso e imposición y desarrollo de reglas de conducta en casos de violencia de género, que tiene como principal objetivo conocer las particularidades de este tipo de procesos judiciales y desarrollar herramientas institucionales para el abordaje del Ministerio Público Fiscal.

Los principales hallazgos indican un crecimiento sostenido de las condenas con penas en suspenso por violencia de género durante los últimos años y la imposición de 2,5 reglas de conducta (promedio) sobre este tipo de casos, por encima de lo registrado para la totalidad de delitos con sanciones de cumplimiento condicional. Si bien en 7 de cada 10 sentencias se ordenó -al menos- una regla de conducta pertinente y/o adecuada a la problemática, se advierte en el informe que es necesario considerar las oportunidades de mejora que conllevaría el diseño de un repertorio de reglas específicas para los casos de violencia de género.

El resultado surge del análisis estadístico de la base de datos de UFEP sobre los ingresos de sentencias con penas en suspenso por violencia de género a la etapa de ejecución entre 2016 y 2018. Complementariamente, se seleccionó una muestra de 112 sentencias que ingresaron durante 2016, sobre las cuales se realizó una lectura y análisis más exhaustivo de los legajos, incluyendo la etapa de ejecución hasta mediados del año 2019, y con especial foco en la imposición y desarrollo de las reglas de conducta.

Esta selección se basó, por un lado, en la necesidad de contar con un tiempo prudencial para relevar y analizar la forma en la que se ejecutan las reglas de conducta en esta categoría de casos, ya que el artículo 27 bis del Código Penal indica que, al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer un plazo estipulado entre dos y cuatro años, según la gravedad del delito, para cumplir las reglas de conducta.

Paralelamente, se ponderó la importancia de evaluar el grado de participación de la víctima en la supervisión de estos procesos penales habida cuenta la entrada en vigor de la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, a mediados de julio de 2017.

Con posterioridad al período de legajos analizados en este estudio, por iniciativa de la UFEP se ha propiciado el seguimiento del cumplimiento de las reglas también a través de la consulta y comunicación con las víctimas, agregando su registro en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) del Ministerio de Seguridad de la Nación y, paralelamente, se ha comenzado a nutrir a los legajos de informes del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

En ese sentido, el informe presenta los resultados de la investigación y también un conjunto de recomendaciones y propuestas para el mejoramiento de las prácticas y políticas institucionales.

Entre los principales desafíos se destacan la necesidad de profundizar y ampliar la perspectiva de género en la imposición y seguimiento de las reglas, en especial en cuanto al registro de las interseccionalidades; la insuficiente estandarización de los procedimientos de actuación frente al incumplimiento de las reglas de conducta y la necesidad de ampliar los recursos institucionales para la etapa de ejecución, en particular el desarrollo de distintos tipos de dispositivos para varones con conductas violentas.

Este nuevo estudio recupera líneas estratégicas de trabajo para ambas unidades fiscales, a través de la construcción de información y la elaboración de diagnósticos útiles para la formulación de propuestas político-criminales e institucionales con perspectiva de género.

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