Familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura militar (1964-1985) en Brasil pidieron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que se prohíba la conmemoración del aniversario 55 del golpe el 31 de marzo, confirmaron hoy fuentes judiciales.
Tal solicitud ingresó en el STF a raíz de que el presidente Jair Bolsonaro, quien nunca escondió su nostalgia por el régimen castrense, determinara el lunes que el Ministerio de Defensa haga las ‘conmemoraciones debidas’ de la fecha.
El recurso en la corte superior, bajo relatoría del juez Gilmar Mendes, reclama que no haya ningún orden de celebración o actos que ‘violen el derecho a la memoria y a la verdad’ con relación a la dictadura y que esos eventos sean privados de derecho.
Los autores alegan que son parientes de víctimas o sobrevivientes de la dictadura reconocidos por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), en su informe final publicado en 2014.
En la acción, los demandantes afirman que, al determinar las celebraciones de la fecha, el presidente, ‘que reiteradamente hace apología a la dictadura en lo cotidiano’, estaría violando el derecho a la verdad.
Pues, agregan, insta a que un régimen ‘que notoriamente torturó y mató a miles de las personas sea exaltado con honores’.
De acuerdo con los denunciantes, la postura de Bolsonaro ‘ironiza a las víctimas de la dictadura’ y desatiende las memorias de violencias sufridas.
Al celebrar el golpe que desembocó en la dictadura militar que duró 21 años, el jefe de Estado ‘coloca en cheque las pruebas incuestionables de tortura, homicidios, suicidios forjados y desapariciones relatadas por sobrevivientes y sus familiares en documentos como la CNV, y cuestiona la memoria y la verdad de esas historias trágicas que todavía son heridas abiertas en este país’, argumentan.
Para quienes se presentaron ante el Supremo, ‘exaltar el golpe es despreciar el pasado y, abiertamente, causar inseguridad en cuanto al futuro de la democracia’.
La determinación de Bolsonaro generó una reacción de órganos y entidades como el Ministerio Público Federal (MDF) y la Defensoría Pública de la Unión.
‘Es incompatible con el Estado Democrático de Derecho festejar un golpe de Estado y un régimen que adoptó políticas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y cometió crímenes internacionales’, indica una nota de MPF.
La dictadura brasileña se implantó por medio de un golpe militar el 31 de marzo de 1964, que depuso al presidente João Goulart, legítimamente elegido por el voto popular.
Más de 70 mil personas fueron detenidas y perseguidas, y 437 se registran muertas y desaparecidas, según investigaciones realizadas por familiares de las víctimas en las últimas décadas. Este número sería mayor si se considera el exterminio de indígenas a mando de los gobiernos militares.
