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Perú: Las calles reclaman un proceso Constituyente

La situación en Perú vuelve a mostrar la gran inestabilidad por la que pasan ciertos Gobiernos del continente. Para hablar de lo ocurrido esta semana -muchos hablan de golpe parlamentario- en que fue «vacado» o cesado de su cargo el presidente Martín Vizcarra, entrevistamos a José Carlos Llerena, militante de ALBA Movimientos, Capítulo Perú y perteneciente a «La Junta», una organización social y política popular. A él le preguntamos si realmente, lo ocurrido es la crónica de una situación ya anunciada y que habla de la degradación de la clase política.


Como mencionas, no es algo sorpresivo, porque lo que acaba de acontecer el lunes 9 de noviembre responde a una crisis política que en Perú se viene arrastrando, agudizando e intensificando desde 2017. Coincide con las investigaciones del caso Odebrecht que básicamente generó una crisis en el aparato estatal, una disputa de las élites dominantes, que tiene cono consecuencia, por ejemplo, que todos los expresidentes elegidos en periodos democráticos están detenidos preventivamente e investigados por casos de corrupción. Se halló la evidencia categórica de organizaciones criminales en el seno del Poder Judicial, que articulaba con la clase política que está enquistada en el Parlamento peruano desde la época del 90 y responden a diferentes intereses económicos y políticos dominantes. También se enfatizó algo que quizá fue novedoso en Perú: el rol de los grandes empresarios en los esquemas de corrupción, y el accionar pasivo de los medios de comunicación concentrados. Ese es el escenario de crisis política que en estos tiempos de pandemia nos agarra con una crisis social muy profunda, que desemboca en este cese del cargo del presidente Martín Vizcarra. No es la primera vez que se intenta, y desde la caracterización de los movimientos populares y las organizaciones políticas, lo definimos como un Golpe Parlamentario. Se ha hecho un uso constitucional antojadísimo de las leyes que habilitan y operativizan el recurso de la vacancia presidencial, pero es un golpe de Estado donde se expresa la ofensiva de un grupo de derecha que está en crisis. Con este golpe marca una ofensiva hacia al aparato estatal para cumplir diversas agendas, entre ellas la de los grandes grupos empresariales y grupos políticos que también han dominado en el aparato estatal en décadas.

Evidentemente, es el choque de dos mafias políticas, con el pueblo al margen, y por eso en la calle se protesta. ¿A quién está defendiendo ese pueblo? Supongo que no al nuevo presidente Manuel Merino, porque representa más de los mismo.

El pueblo en las calles está indignado, estamos recién comenzando a demostrarlo con todo. Desde la misma noche del 9 de noviembre se movilizaron miles de personas al Congreso. Digamos que al inicio estuvo la movilización caracterizada en su mayor cantidad, por lo que vendría a ser la izquierda, que no tenemos la fuerza que quisiéramos tener, pero ahí estuvimos. Después, cuando se consumó el día siguiente el golpe de Estado, vino a participar la juventud organizada que se moviliza por una narrativa de anticorrupción y antifujimorismo, que sobrepasa a la izquierda porque llega hasta grupos que no coinciden con nuestra agenda de proyecto nacional y popular, pero que es grande. Se trata del antifujimorismo, que es ese bloque amplio que integran intelectuales, organizaciones sindicales. Poco a poco se van moviendo más personas, pero no es en defensa de Vizcarra ni en un pedido a Merino. La consigna es clara, “Fuera Merino”, “Abajo el golpe” y se comienza a escuchar otra consigna más estratégica: por una “Asamblea Constituyente”.

Es importante que surja esa consigna como una posibilidad de avance. Por lo que dices, es el resultado del desencanto cada vez mayor con cierto tipo de hacer política.

Así es. Si bien ya se arrastraba una crisis política, el andamiaje neoliberal que se impuso a sangre y fuego en la dictadura de Fujimori no brinda salidas. Por el contrario, con la crisis social y económica que se ha desanudado a partir de la pandemia, Perú queda expuesto como el país de la mayor tasa de mortalidad en el mundo. Queda claro que no tenemos nada, no tenemos salud, no tenemos trabajo no tenemos jubilaciones, no tenemos absolutamente nada. Las personas lo vinculan a ese régimen neoliberal que tiene como asidero la constitución de 1993 y que fue labrada de manera autoritaria. Hace poco salieron unas encuestas donde más del 50 por ciento de los ciudadanos quería un trato constitucional. Entonces, un poco por ahí se van moviendo las consignas, la calle es un elemento fuerte para repudiar al golpe de Estado. La movilización y la lucha se está dando, no solo en Lima sino en todo el Perú, porque justamente con el confinamiento y el aislamiento social la gente se junta en sus barrios y distritos, eso es inédito en nuestra historia de izquierda. Muchas veces son nuestras plazas céntricas los lugares clásicos y tradicionales de protesta. Y esto corre en paralelo a la presión ciudadana al Tribunal Constitucional que tiene que fallar si esta vacancia fue legítima o no. Desde el punto de vista jurídico ya se ha anunciado que no lo es porque este Congreso golpista ha apelado a usar «la incapacidad moral permanente» de Vizcarra.

Queda claro que Martin Vizcarra tiene fuertes indicios de participar en hechos de corrupción, pero la movilización quiere que se le juzgue, no que se le pasen paños fríos. En ese sentido, la propia Constitución prevé un procesamiento como a cualquier ciudadano peruano, pero el Congreso golpista lo que ha hecho es interpretar esta causal para atacarlo de una manera inconsistente y absurda, por dos motivos principalmente. El primero es que más del 50 por ciento de los congresistas de este Parlamento están investigados en la Fiscalía por actos de corrupción y no tienen cara para hablar de una lucha anticorrupción que es la bandera que han usado. Por otro lado, desde un punto de vista jurídico, esta causal de incapacidad moral permanente no tiene que ver con una cuestión de ética, sino que, si se investiga proviene del siglo XIX para el XX, tiene que ver con las capacidades de discernimiento. Si el presidente pierde el juicio, si una persona tiene problema de pérdida de conciencia, esa es la razón de ser de esa norma.

¿Quién es Merino, el nuevo presidente de Perú?

Merino es un instrumento en este escenario, es un títere que llega a presidente por 5.000 votos. Perú tiene 30 millones de persona, y su partido solo obtuvo 5.000 votos, parece una broma. Una autoridad distrital tiene más votos que este supuesto presidente usurpador. Viene del partido de Acción Popular, que dicho sea de paso, esa organización política está en crisis por una disputa interna, y se han distanciado de él. Ha sido congresista anteriormente, y también su familia tiene investigaciones por actividades económicas muy sospechosas en la Amazonia peruana. Merino es una persona que desde mi punto de vista personal, es de desconfiar, no da garantías de asumir la batuta en ninguna lucha en contra la corrupción. Pero peor que eso es a quien responde. En esta crisis política es muy difícil caracterizar a nivel de partidos o sujetos políticos la disputa: son intereses desiguales y combinados que están en esa disputa. Si hay un grupo que puede sintetizar esos intereses a quienes representa Merino es una ONG, una asociación civil que se llama Coordinadora Republicana. Allí coincide todo lo peor, desde el fujimorismo hasta las grandes empresas mineras, pasando por el Opus Dei. Hay un reportaje que analiza que durante todo el tiempo de disputa entre el Parlamento y el Ejecutivo de Vizcarra, distintos actores afines de esta Coordinadora son los que intervinieron. No sorprende que estuvimos sin Gobierno por 48 horas y el Gabinete que se va formando es afín a esta Coordinadora Republicana que representa a la oligarquía más conservadora, racista, machista, homofóbica y todo lo que puede significar lo contrario a los intereses populares.

¿Qué pasa con la izquierda, que posibilidades tiene de recomponerse con fuerza?

En primer lugar, como en muchos países, a diferencia de Ecuador, Chile, Bolivia mismo en el golpe de 2019, se comenzó a generar un proceso de movilización ampliada. A Chile le sorprende en tiempos de Covid, y con una crisis política que lamentablemente golpea a la izquierda. Lamentablemente el Frente Amplio está dividido, hay mucha fragmentación, y en este escenario de pandemia hemos ido perdiendo las calles. Sin embargo, desde antes, en inicios de la pandemia, se viene trabajando en impulsar un proceso constituyente, precisamente una nueva constitución que responda a todas estas demandas no atendidas durante la pandemia. También, otro de los puntos preocupantes de la ofensiva de la derecha es que las últimas encuestas previas a las elecciones de abril 2021, que fueron convocadas por Martin Vizcarra, tiene un escenario sumamente abierto. Entonces, durante mucho tiempo, los grupos de poder no tienen el control sobre lo que acontecerá en ese escenario electoral y la derecha también está fragmentada y con una legitimidad por los suelos. Por lo tanto, se intuye que este Gobierno usurpador va a tratar de postergar las elecciones con la excusa de la pandemia y eso quitaría a la izquierda la posibilidad de aprovechar esa disputa electoral para no solamente movilizar votos sino construir ese proceso constituyente que no va a nacer de la nada, sino que irá gestándose desde la organización y la movilización. Creo que es un momento muy estratégico para definir al enemigo, es un enemigo que nos atañe a todos y todas en Perú.

Otro dato de la polémica actual es el nombramiento de un cuestionado primer ministro.

El nuevo primer ministro de este Gobierno usurpador de llama Ántero Flores-Aráoz y es un sujeto que representa lo más colonial y racista que existe. La clase trabajadora, la clase popular peruana está complicada y afectada por esta elección, porque es un premier que está vinculado con los primeros gremios empresariales que salieron a poner paños fríos a la movilización. El campesinado peruano esta también afectado, porque estos grandes grupos representan al modelo agroexportador, los estudiantes también están sumamente afectados porque esta ofensiva de derecha está priorizando el interés económico de las universidades privadas que tienen muy baja calidad. Las mujeres, las diversidades sexuales están sumamente afectadas por esta decisión, porque es un ala muy conservadora la que está llegando. Y finalmente nuestros pueblos indígenas sobre todos los amazónicos, los andinos están totalmente afectados porque este premier ha tenido declaraciones en otras oportunidades, en las que ha negociado tratados de libre comercio con Estado Unidos, ha denostado la fuerza de los pueblos originarios y hasta los ha tratado de manera grosera en medios de comunicación. Se está gestando la posibilidad de que la izquierda construya en base a esa experiencia antifujimorista que aún sigue y de hecho es la gente que está en la calle. No se trata de gente autodefinida como de izquierda, sino que les jode que regrese el fujimorismo porque detrás de esto está la posibilidad de que Fujimori sea indultado. Hay muchos intereses políticos y económicos en juego que están siendo tratados por la Coordinadora. Se están aglutinando estos intereses y es momento de poder aprovechar este acumulado para construir procesos hacia lo constituyente y la organización popular, como ya lo ha demostrado el pueblo chileno, el boliviano, Estados Unidos, Haití y Ecuador. Es nuestra salida, para ir avanzado en la construcción de un movimiento nacional, popular, soberano y de justicia social

Carlos Aznarez: Periodista argentino en medios de prensa escrita y digital, radio y TV. Escritor de varios libros de temas de política internacional. Director del periódico Resumen Latinoamericano. Coordinador de Cátedras Bolivarianas, ámbito de reflexión y debate sobre América Latina y el Tercer Mundo.

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