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«¡Paren de matar!»: el grito de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

Familiares de victimas de todo el país y sobrevivientes se movilizaron a Plaza de Mayo reclamando el cese de la represión.


La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que se desplazó desde el Congreso Nacional a la Plaza de Masyo denunció torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención.

Durante la protesta, los familiares de victimas exigieron el fin de “las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas”.

Pidieron por la “libertad a las/os presas/os políticas/os”, se manifestaronn contra “la reforma del Código Penal y la implantación de la ’doctrina Chocobar’”, “ni una menos: en las cárceles también”, “no a las reformas de las leyes 12.256 y 24.660: abajo la ley de sepultura” y “no a la baja de la edad de imputabilidad”.

Con el marco de la Masacre de San Miguel del Monte, el brutal accionar de un efectivo de la Policía de la Ciudad que asesinó de una patada a un hombre indefenso, los manifestantes apuntaron al macrismo. 

«Ni un pibe menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Todos los gobiernos matan y desaparecen personas. Que no nos maten aquí ni allá», sostuvieron los convocantes en el documento que leyeron durante el acto.

«Es muy difícil convivir con los policías sueltos. Por favor, que no liberen a ninguno más. Muchas gracias a todos», dijo en la Plaza Loana Sanguinetti, madre de Rocío Quagliariello, única sobreviviente de la Masacre de Monte.

Desde que volvió la democracia, y hasta hoy, pasando por todos los gobiernos, la suma de casos de muertes por gatillo fácil asciende a más de 6500.

EN TODO EL PAÍS

La marcha también se hizo sentir en Rosario, donde los manifestantes, convocados a los Tribunales provinciales de la ciudad, se movilizaron por las calles céntricas hasta la sede local de la gobernación santafesina.

«Los casos de violencia estatal y de gatillo fácil son una deuda de todos los gobiernos democráticos desde la vuelta de la democracia», dijo Federico Pagliero, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario.

«La lentitud de la Justicia y la impunidad que aparecen en gran parte de los casos de violencia institucional en las que la policía se investiga a sí misma es otra deuda que exigimos a la provincia que salde», señaló.

En un comunicado, los organizadores expresaron que «los hechos de violencia institucional no son casos aislados en nuestra ciudad. A lo largo y ancho de todo el país estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas, extendidas en el tiempo, y se profundizan y agravan en el marco de políticas de ajuste y empobrecimiento».

«Repudiamos los dichos del ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, y del gobernador, Miguel Lifschitz, habilitando y respaldando el uso ilegal y abusivo de la fuerza como forma cotidiana de gestionar conflictos, en sintonía con la línea «manodurista» que impone el gobierno de Cambiemos de la mano de Patricia Bullrich», remarcaron.

Fuente: infonews

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