En su columna en “Caballero de Día” por AM 530, la abogada Natalia Salvo cuestionó duramente el accionar de la Corte Suprema. Señaló que el máximo tribunal se ha convertido en un actor político que proscribe al peronismo mientras garantiza impunidad a figuras del poder económico y político.
La doctora Natalia Salvo, abogada laboralista y analista política, volvió a cuestionar el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que calificó como “proscriptiva del peronismo”. Lo hizo durante su columna en el programa “Caballero de Día”, conducido por Roberto Caballero en Somos Radio AM 530.
Un tribunal activo tras las elecciones
Según Salvo, tras los últimos comicios nacionales, el máximo tribunal “aceleró sus movimientos judiciales” con una dirección política clara. En ese contexto, mencionó dos decisiones recientes: la desestimación de recursos de Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación de Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos.
“Estos fallos no son casuales —afirmó—. Se inscriben en una estrategia de disciplinamiento político que busca excluir del escenario institucional al movimiento nacional y popular”, subrayó.
Impunidad para los poderosos
En contraste, Salvo destacó que la misma Corte “actúa con benevolencia” cuando se trata de funcionarios o empresarios vinculados al poder económico concentrado. “Mientras se proscribe al peronismo, se absuelve a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Mauricio Macri. El caso del espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan es un ejemplo de cómo se garantiza la impunidad”, sostuvo.
Para la abogada, estas decisiones exponen un doble estándar judicial. “La vara cambia según quién esté del otro lado del expediente. La Corte no solo administra justicia, sino también poder político”, expresó.
El proyecto de poder detrás de la Justicia
Salvo también alertó sobre los movimientos que se impulsan para ampliar o reconfigurar la estructura del máximo tribunal. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que García Mancilla sea designado como nuevo juez, “con el aval de sectores judiciales y académicos afines al poder económico”.
“Hay una coordinación entre las usinas jurídicas del establishment y los despachos de la Corte. Se busca consolidar un poder judicial funcional a los intereses que gobiernan por fuera del voto popular”, advirtió.
Federalismo y democracia bajo tensión
Desde una mirada federal, Salvo remarcó que esta dinámica afecta directamente a las provincias y a la representación popular en todo el país. “Cuando un poder judicial concentrado en Buenos Aires decide quién puede o no competir, se vulnera la soberanía política de cada región. Eso erosiona la democracia”, afirmó.
La abogada cerró su exposición con una reflexión: “Defender el Estado de Derecho también implica denunciar la selectividad judicial. La Corte debe ser un órgano de equilibrio, no un actor partidario”.
