Marcos Levin, junto a otras dos personas, son juzgadas por la justicia federal de Salta, por su presunta responsabilidad en el secuestro ilegal de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977, durante la dictadura cívico militar.
El expropietario de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levin, junto a dos personas, empezaron a ser juzgadas este martes por la Justicia federal de Salta por su presunta responsabilidad en el secuestro de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977, durante la última dictadura cívico militar.
“En la Argentina hay 30.000 compañeros detenidos desaparecidos por la complicidad de las cúpulas empresariales y militares”, dijo Cristina Cobos, hermana de una de las víctimas, al declarar como testigo.
Cobos es miembro de organizaciones de Derechos Humanos en Salta y además perdió en septiembre de 1976 a otro hermano: Martín Cobos, de 17 años, asesinado a balazos con una ametralladora, en medio de un operativo realizado en su casa por un grupo de tareas que buscaba a Enrique, el otro de los hermanos, que terminó exiliándose.
La testigo contó cómo vivió todos esos eventos, incluida la detención y tortura de su hermano Víctor Manuel, que es víctima en esta causa, y explicó que “la cúpula empresarial se benefició de manera importante con la política económica que implantó la dictadura militar y además participó activamente en la tortura y el secuestro de los obreros, trabajadores y militantes políticos y de empresarios que estaban en otros sectores”.
El proceso oral y público comenzó a las 14.30 en el Tribunal Oral Federal 1 de Salta y los acusados siguieron por videoconferencia la audiencia, que inició con la lectura de la requisitoria fiscal.
Se trata de la causa “La Veloz del Norte II”, contra el expropietario de esa empresa salteña, por el secuestro y los tormentos sufridos por 17 trabajadores que habían participado de reclamos sindicales, en enero de 1977, por malos tratos y para pedir aumentos salariales.
Además de Levin, llegan imputados a este juicio el exjefe de Personal de la empresa, José Antonio Grueso, y el excomisario Víctor Hugo Almirón, que se desempeñaba en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta.
Tras la lectura de la requisitoria, los tres acusados se abstuvieron de prestar declaración, por lo que comenzó la ronda de testigos con el testimonio de Víctor Manuel Cobos, considerada la principal víctima de los hechos ocurridos en 1977.
Al declarar, Cobos contó que era conductor de larga distancia de los coches de La Veloz del Norte, además de desempeñarse como delegado gremial en la empresa y en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta, y reveló cómo vivió los hechos.
En enero de 1977, con le excusa de una supuesta defraudación a la empresa, denunciada por el propio Levin, 22 trabajadores fueron detenidos ilegalmente y trasladados a la comisaría cuarta, donde fueron torturados, y en la mayoría de los casos fueron despedidos.
Luego de pasar unos días en la comisaría, la mayoría de los empleados fueron liberados, mientras que el resto fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, donde siguieron detenidos.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta es presidido por Marta Liliana Snopek e integrado por sus pares María Alejandra Cataldi y Abelardo Jorge Basbus, mientras que el fiscal general Carlos Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, representa al Ministerio Público.
Cataldi y Basbus siguieron la audiencia por videoconferencia, al igual que los imputados.
Levin y Grueso son asistidos por el abogado Marcelo Arancibia, mientras que el defensor oficial Federico Petrina hace lo propio con Almirón; la letrada Adriana Ramírez ejerce la querella de Cobos y Gastón Casabella está a cargo de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El 18 de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dejar sin efecto la absolución de los acusados, dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, tras revisar las condenas dictadas en marzo de 2016.
En esa oportunidad, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Levin a la pena de 12 años de prisión, por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de un trabajador de su empresa, y se convirtió así en el primer empresario del país condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
En ese juicio, también fueron condenados los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, a la pena de 12 años de prisión; y Hugo Enrique Cardozo a 8 años de prisión.
Esta condena fue apelada y la Cámara Federal de Casación Penal determinó que no se trataba de delitos de lesa humanidad, tras lo que el fiscal acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar a su planteo.
Entre los argumentos, Amad sostuvo que a partir del pronunciamiento de la corte nacional quedó establecido definitivamente que los hechos formaron parte del ataque a la población civil que tuvo lugar durante el terrorismo de estado y que los hechos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
Hoy declararon como testigos en el juicio los hermanos Cobos, Víctor Segovia y Carmen Rosa Juárez, y la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes.
Fuente: Télam
