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Familiares de desaparecidos pidieron que los genocidas «no se vayan en silencio»

Ana Laura Mercader testimonió por el secuestro y desaparición de sus padres: «No queremos seguir sintiendo esta incertidumbre de si vamos a llegar a ver que se haga justicia, no sólo por nuestra generación sino por las generaciones venideras».


Familiares de desaparecidos declararon el martes en el juicio unificado que se sigue en La Plata y pidieron celeridad en la tramitación de estos juicios y a los genocidas que «no se vayan en silencio», en alusión a que no mueran sin decir qué pasó y dónde están los desaparecidos.

Se trata del sobrino de una mujer desaparecida, Fabián Muñoz, quien aún busca a su hermana Silvia, secuestrada y desaparecida cuando estaba embarazada; y a Ana Laura Mercader, cuyos padres Anahí y Miguel Mercader fueron secuestrados y estuvieron desaparecidos desde febrero de 1977 y cuyos restos fueron identificados en el 2011 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el Cementerio de Rafael Calzada.

Ambos declararon ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último juzga a 17 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, crímenes y abusos sexuales cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús.

«Una reparación integral sería que los genocidas hablen, que más allá de lo que cometieron, no se vayan en silencio, que cuenten qué pasó. Ahí no seria una reparación del Estado sino de ese enemigo que nos persiguió, que nos destruyó, que nos aniquiló, y nos permitiría dar el cierre de algunas cosas que dejan abiertas», expresó Fabián Muñoz.

El hombre reclamó que «el Estado le de continuidad y celeridad a estos juicios» y que se «profundice la búsqueda de los nietos y nietas».

Fabián Muñoz relató las vivencias de su familia a raíz de la militancia peronista de sus dos hermanos, Alberto y Silvia, quienes sufrieron la persecución de la CNU desde 1975 y fueron secuestrados durante la dictadura militar, al igual que sus padres.

Alberto estuvo preso durante 6 años y sus padres fueron liberados luego de 3 meses, pero nada se sabe de Silvia y el hijo o hija que dio a luz en cautiverio.

Ana Laura Mercader testimonió por el secuestro y desaparición de su madre Anahí Fernández y su padre Miguel Mercader, el 10 de febrero de 1977, cuando una patota irrumpió en su casa cuando ella, que en ese entonces tenía 2 años y medio y su hermana María, de 4 meses, estaban con su madre y una niñera de 17 años.

La patota vestida de fajina buscaba a Miguel, su padre, quién fue baleado por las fuerzas represivas cuando intentaba escapar de su casa, saltando una medianera, luego trasladado en ambulancia y nunca más visto.

Enseguida se presentó en casa de los Mercader en la localidad platense de Tolosa, Ramón Camps, jefe de la policía, a quien sus subalternos le preguntaron qué hacían con la mujer.

«A esa también la llevamos» dijo Camps, mientras le decía al padre de la niñera adolescente que se había acercado al lugar para buscar a su hija: «lléveselas, regálelas, tírelas, haga lo que quiera», en referencia a las hermanitas.

Camps y la patota se retiraron y las niñas se fueron con ese hombre y la niñera, quien dio aviso a una de las abuelas de las menores.

«Es inconcebible todo lo que pasamos. Nunca vamos a estar completos. Existió una justicia en materia de derechos humanos, fue pionera y ejemplo en el mundo, pero a 45 años de este horror podemos ver que el tiempo sigue pasando y los procesos judiciales no están completos», afirmó.

Remarcó que «los hijos e hijas hemos pasado nuestra vida intentando completar nuestra identidad nuestra historia, completar proyectos familiares, completar nuestras descendencias y seguimos intentando completarnos».

«A 45 años pregunto, y muches de mis compañeres se preguntan ¿cuántos años más tenemos que sobrevivir para vivir en paz? ¿cuánto tiempo más para que se unifiquen las causas y haya sentencia firme. No queremos seguir sintiendo esta incertidumbre de si vamos a llegar a ver que se haga justicia, no sólo por nuestra generación sino por las generaciones venideras», reclamó.

El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield y el Pozo de Quilmes al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como «El Infierno» también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

Por los crímenes en el Pozo de Banfield y Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, se juzgan los delitos sufridos por 429 víctimas y se prevé que declaren unos 400 testigos.

Por los delitos cometidos contra 62 víctimas en el centro conocido como «El Infierno», que funcionó en la Brigada Lanús, es juzgado también Etchecolatz, el civil Jaime Smart, el ex represor Juan Miguel Wolk (también juzgado por ambos Pozos) y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

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