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El Silencio, la isla maldita de la dictadura argentina quedó señalizada 40 años después

Sobrevivientes y familiares de desaparecidos participaron de la señalización de la quinta “El Silencio”, ubicada en una isla del Delta Bonaerense y considerada como un anexo del centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA durante la última dictadura militar. Los militares trasladaron a secuestrados al delta del Paraná para burlar la visita de la CIDH en 1979. Supervivientes de este centro de detención regresan al lugar 40 años después.


La actividad se produjo como parte de las actividades conmemorativas del 40° aniversario de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó al país en 1979 con la misión de verificar los crímenes de terrorismo de Estado que perpetraba el régimen militar.

Durante la estadía de la CIDH, la ESMA, al igual que otros centros clandestinos de detención ilegal fueron “reacondicionados” y sus cautivos trasladados a otros lugares.

Hasta “El Silencio”, los marinos llevaron un grupo de 15 prisioneros de la ESMA que permanecieron encerrados e inmovilizados con grilletes y esposas, en pésimas condiciones de alojamiento.

Los habitantes del vasto delta del Paraná, al norte de Buenos Aires, aseguran que pueden reconocer a cada vecino por el sonido de su lancha. En septiembre de 1979 los isleños notaron la llegada de militares a una pequeña casa fluvial del arroyo Tuyú Paré pero no abrieron la boca. El olor que salía de la parte inferior de la vivienda era tan nauseabundo que nadie, ni siquiera los uniformados, se acercaba allí. Dentro se hacinaban 15 secuestrados a los que trasladaron desde la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina, para burlar la inspección ocular de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Permanecieron allí un mes.

Ahora, 40 años después, comenzó a visibilizarse la historia macabra de la denominada isla El silencio, ubicada en la tercera sección del delta. “Aquí se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, dice una placa, visible desde el río. La descubrieron el sábado media docena de supervivientes de la dictadura acompañados de familiares, activistas de derechos humanos y funcionarios después de un viaje de más de dos horas en lancha desde la localidad bonaerense de Tigre.

Junto al cartel sigue en pie la estructura de madera y techo de chapa que albergaba a los detenidos empleados como mano de obra esclava. Unos 200 metros a la derecha, separada por un bosque de álamos, está la casa del horror. A diferencia de las construcciones del delta, los pilotes de madera sobre los que se levanta esta vivienda para quedar a salvo de las crecidas del río no están a la vista sino tapados por paredes de ladrillo y cemento. Arriba vivían los militares; en ese sótano improvisado, los secuestrados.

“Era un espacio muy pequeño y sobre todo muy bajo, de unos 70, 80 centímetros de altura. No nos podíamos parar (poner de pie), como mucho sentarnos si el guardia nos dejaba. Teníamos que estar tirados en el piso (suelo), unos al lado de otros sobre colchonetas”, cuenta frente a la casa Osvaldo Barros, uno de los supervivientes, de 71 años. Junto a él, Susana Leirache asiente y recuerda el frío húmedo de ese depósito ciego, en el que no había ni una ventana para ventila.

Sólo podían ducharse una vez de la semana y muchos de los secuestrados sufrieron diarrea, vómitos y cólicos por beber agua del río, lo que provocó que la atmósfera se volviese casi irrespirable. “Nosotros nos habituamos al olor, pero ni los guardias entraban”, señala Barros. “Algunas noches los militares se emborrachaban y empezaban a zapatear sobre el piso de madera. Todo el polvillo y serrín nos caía encima”, continúa.

A Barros se le quiebra la voz cuando 40 años después recuerda a nueve de sus ex compañeros de cautiverio en la isla a los que no volvió a ver. Hoy siguen desaparecidos. Nora Walson, Enrique Ardetti, La gallega Martínez, Josefina Villaflor, Pepe Hassan, Pablo Lepíscopo, Juan Carlos Ansorena, Juan Carlos Chiaravalle y Fernando Brodsky. Menciona su nombre uno a uno, mientras los demás responden con “Presente”.

Leonardo Bichi Martínez fue uno de los detenidos de la ESMA que más tiempo pasó en la isla. “Nos pusieron antifaz y grilletes y nos trajeron en lancha en un viaje de unas cuatro horas”, recuerda ahora, durante una travesía muy distinta. En la barca colectiva lo acompañan tres nietas, se levanta para saludar a otros sobrevivientes, unos conocidos lo invitan a mate y galletas y saluda con los dedos en V a las embarcaciones que se cruzan durante el camino. Delta adentro, el paisaje se vuelve cada vez más agreste, con verdes paredes de sauces en ambas orillas

“ME COSTÓ MUCHO NO VOLVERME LOCO”

Durante la dictadura, Martínez formó parte del grupo que realizaba trabajo esclavo en la ESMA y fuera de ella. “Acá refaccionamos (arreglamos) la casa donde metieron a los de Capuchita [el altillo del Casino de oficiales de la ESMA donde mantenían a los secuestrados antes y después de las sesiones de tortura], nos encargamos de todo el laburo doméstico, la limpieza, la cocina y también de cortar álamos, sauces y formio”, enumera entre las tareas que llevaron a cabo en la isla.

“Los verdes (militares) nos decían que nos portemos bien, que no hagamos ninguna locura porque en la ciudad estaba nuestra familia. Me costó mucho no volverme loco, no hacer otra cosa que tratar de sobrevivir”, cuenta.

Hoy los sobrevivientes consideran que su principal misión es “cumplir un compromiso con los que no están, contar lo que ocurrió y hacer que los responsables sean llevados ante la Justicia”, señala Alfredo Mantecol Ayala, otro de los integrantes del grupo de trabajo esclavo.

La isla pertenecía al Arzobispado de Buenos Aires antes de ser pasar de forma fraudulenta a manos de la Armada, responsable de la ESMA, según la investigación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Su existencia fue denunciada varias veces ante la Justicia desde el regreso de Argentina a la democracia, en 1983, pero se allanó por primera vez en 2013. En esos años ha cambiado varias veces de dueño.

Los organismos de derechos humanos presionan para señalizar este ex centro clandestino de detención y expropiarlo. Quieren que se transforme en un sitio de memoria. Hace unos meses, después de dar una charla en una escuela del delta, un grupo de vecinos y de familiares de los alumnos se acercó a hablar con los sobrevivientes. “Todo el mundo sabía. Nos contaron muchas cosas. Sabían pero no hablaban porque tenían miedo”, resume Barros. La placa que ahora da cuenta de los crímenes ahí cometidos se rebela contra el olvido y el silencio.

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