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El 3 de junio de 1922, se creaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

La historia de YPF sintetiza las relaciones entre los aspectos económicos, culturales y político-sociales más relevantes de la historia de nuestro país.


Faltaban dos meses para que Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, cumpliese siete años de vida. Un grupo de operarios -que cavaba pozos en busca de agua potable-, encontró, a 500 metros bajo tierra, una sustancia oscura que salía a borbotones: era petróleo. El 13 de diciembre de 1907 corrió la noticia sobre el descubrimiento del «oro negro».

A partir de 1907 Comodoro Rivadavia se convirtió en un pueblo petrolero dedicado a la extracción del crudo. A medida que la industria crecía y ante cada nuevo pozo descubierto nacían a su alrededor los campamentos petroleros que luego se convirtieron en pueblos y ciudades.

Desde entonces y hasta la actualidad, YPF ha sido una muestra del complejo entramado entre sociedad civil, Estado y desarrollo de la actividad económica nacional.

Nace YPF

En diciembre de 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, el Estado argentino crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país.

Pero los cambios más significativos comenzaron a producirse a partir del 3 de junio de 1922 cuando el Estado nacional creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina.

Operarios petroleros empetrolados después de una tarea de perforación durante los primeros años de explotación petrolera en Comodoro Rivadavia.

Finalizado el mandato de Hipólito Yrigoyen en octubre de 1922, asumió la presidencia de la Nación Marcelo Torcuato de Alvear, y el General Enrique Mosconi fue nombrado Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo que ocuparía durante ocho años y que significó un impulso decisivo a la actividad y a la expansión de lo que se llamó el «nacionalismo petrolero».

«Lo que en primer término ha establecido la Constitución es que sus prescripciones tienen por objeto asegurar el bienestar de los habitantes de la Nación. Pues bien: para ello será indispensable que el Estado, con unidad de criterio y de principios, pueda vigilar la explotación de esta fuente inapreciable de riqueza pública, caracterizada como una de las fuerzas vitales de toda soberanía y metodizar asimismo su técnica, regularizar su utilización, ejercer contralor en el mercado y evitar la organización de entidades poderosas que puedan causar al país perturbaciones económicas y políticas», analizaba Enrique Mosconi.

La empresa estatal como desarrollo del Estado nacional

Debido su carrera militar, Enrique Mosconi consideraba a la empresa como un instrumento de patriotismo argentino. Cada uno de los trabajadores petroleros era considerado un «soldado civil» que debía servir a los intereses de la patria. De esta manera, la defensa de la empresa se transformaba en la defensa de la soberanía nacional.

La política social instaurada en YPF estuvo también influenciada por la visión de Mosconi sobre la organización del mundo del trabajo, donde valoraba las intervenciones empresariales en relación a la vivienda obrera, a la asistencia educativa y sanitaria.

Durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón, las empresas estatales contribuyeron en gran medida al nacimiento de muchas localidades, colaborando en la construcción de infraestructura urbana, asignándole viviendas para los trabajadores, promoviendo la creación de escuelas y hospitales para sus empleados, sus familias y la comunidad en general.

En estas décadas las ideas de Mosconi se materializaron en obras que dieron al obrero la posibilidad de ser propietario de su vivienda; lo que significó unirlo al suelo que pisa y a la empresa para la que trabajaba. Sostenidos sobre esos pilares de soberanía y seguridad social crecieron decenas de pueblos petroleros que, décadas más tarde, serían los protagonistas emblemáticos de los cortes de rutas.

YPF creció significativamente con el peronismo siguiendo el horizonte de nacionalización de los recursos naturales que se plasmó en la Constitución de 1949. Ese mismo año se inauguró el gasoducto más largo del mundo financiado con capitales nacionales: Gas del Estado. Sin embargo no se logró el autoabastecimiento y fueron necesarias nuevas importaciones y acuerdos con empresas extrajeras. Solo el 54% del petróleo consumido era nacional.

Art. 40: – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. (Fragmento del artículo 40 de la Constitución de 1949).

El autoabastecimiento se obtuvo por primera vez durante la presidencia de Arturo Frondizi y su polémica «batalla del petróleo».

«Achicar el Estado para agrandar la nación»

Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, YPF fue privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en el marco de la política económica del momento. Entre 1989 y 1992 se llevó a cabo la reforma en el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.).

Para 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. Para 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.

Sin dudas los efectos negativos de la privatización se vieron rápidamente en las ciudades. Fue así que el movimiento de trabajadores desocupados, llamado también Movimiento Piquetero, tuvo sus inicios a mediados de los ’90 con las primeras puebladas en las ciudades petroleras de Neuquén, Plaza Huincul y Cutral Co, y en el año 1997 en las ciudades salteñas de General Mosconi y Tartagal. Aquel entramado social y productivo de los inicios de YPF se diluía al compás del debilitamiento de las ideas de Estado nación que proponían los manuales neoliberales.

La privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a la empresa española Repsol un 14,99% de las acciones de YPF.

Expropiación de las acciones de YPF

La disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país motivaron a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a presentar, el 16 de abril de 2012, el proyecto de ley de «Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina» para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.

En su discurso, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no era de estatización sino de «recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental», lo cual alejaba a la nueva YPF del modelo del nacionalismo petrolero vigente durante parte del siglo XX.

Fue así que el Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51% restante al Estado nacional.

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