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Ejecuciones, tortura, racismo y represión: la crónica del horror que padeció Bolivia en 2019, plasmada en el informe del Grupo de Expertos de la CIDH

El documento enumera las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Jeanine Áñez.


Durante los primeros meses del Gobierno de Jeanine Áñez, las protestas pacíficas se reprimieron violentamente en Bolivia. Policías y militares dispararon a manifestantes desarmados. A algunos de ellos, los mataron en ejecuciones sumarias. Centenares más quedaron heridos. La persecución en contra de opositores, los ataques a la libertad de prensa y las detenciones arbitrarias fueron masivas.

También hubo torturas, violaciones al debido proceso y agresiones sexuales, en particular en contra de las mujeres. A los familiares de las víctimas los maltrataron. A las y los detenidos los obligaban a desnudarse y los amenazaban con violarlos o asesinarlos. Las fuerzas de Seguridad y Armadas trataron de culpar a los manifestantes. Incluso les «sembraron» armas. Las autoridades entorpecieron las investigaciones.

Y el racismo endémico cargado de odio hacia los pueblos originarios que arrastra Bolivia se reavivó y promovió desde el Estado. Al grito de: «¡indios de mierda!», se validaron todo tipo de abusos dirigidos principalmente hacia las indígenas.

Víctimas

El informe es contundente. Afirma que en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia y que, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, mientras que centenares más recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

«Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares (…) la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado», añade.

Uno de los capítulos más extensos se refiere a los principales hechos de violencia y vulneración de derechos humanos registrados en todo el país después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

Desde entonces, los enfrentamientos entre oficialistas y opositores se replicaron en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Betanzos y Montero.

Pero los casos más graves, por la magnitud del uso de la violencia y el número de víctimas, ocurrieron durante los primeros días de la presidencia de facto de Áñez en las ciudades de Sacaba y Senkata, en donde se cometieron masacres al amparo de un decreto que eximía de responsabilidades a policías y militares.

Sacaba

La mañana del 15 de noviembre de 2019, la coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico organizó a una marcha desde Sacaba con destino a Cochabamba. La convocatoria fue multitudinaria.

Protestaban por el golpe de Estado contra Morales, llamaban a defender la democracia, pero también alertaban contra las crecientes agresiones que estaban sufriendo «las mujeres con pollera», es decir, las indígenas, y por la quema de la wiphala, la bandera de los pueblos originarios despreciada por el Gobierno de Áñez y sus simpatizantes.

Los policías frenaron a los manifestantes para impedirles el paso a Cochabamba. El clima se tensó cuando pasó un avión caza K-8. Y estalló la represión. Los policías comenzaron a gasear a la gente y los militares avanzaron. Personas de la tercera edad, mujeres, niños y niñas vomitaron, se desmayaron.

Algunos se refugiaron en casas de vecinos, pero fueron perseguidos y sacados a golpes por policías. Las fuerzas de Seguridad y los militares dispararon armas de fuego, en algunos casos en la nuca de las víctimas. La «pelea» era de piedras contra balas.

El saldo fue de 10 personas de entre 18 y 51 años asesinadas por disparos de armas de fuego. Emilio Colque León, Omar Calle Siles, Juan López Apaza, César Sipe Mérida, Lucas Sánchez Valencia, Armando Caraballo Escobar, Roberto Sejas Escobar, Plácido Rojas Delgadillo y Marco Vargas Martínez murieron ese día.

La décima víctima, Julio Pinto Mamani, falleció siete meses después, el 11 de junio de 2020.

El GIEI logro documentar los casos de 56 personas heridas y 223 detenidas.

Senkata

El 19 de noviembre de 2019 se cumplían 12 días de bloqueos pacíficos de manifestantes en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) en Senkata, una localidad de El Alto.

La Policía y el Ejército organizaron entonces un operativo conjunto de desalojo, supuestamente para garantizar la salida de camiones y reanudar el abastecimiento de combustibles en La Paz, que estaba interrumpido por la protesta.

El pretexto es que los manifestantes podían hacer estallar la planta, riesgo que desmiente el informe del GIEI, el cual concluye que hubo un uso excesivo e injustificable de la fuerza, ya que se usaron gases lacrimógenos y armas de fuego que provocaron la muerte de 10 personas. 78 más quedaron heridas.

Las violaciones a los derechos humanos se replicaron al día siguiente, cuando familiares de las víctimas fatales y vecinos de El Alto organizaron una protesta que se dirigía hacia el centro de La Paz. La procesión, en la que participaron miles de personas, fue conocida como «la marcha de los féretros» porque llevaban los ataúdes de sus hijos, hermanos y esposos fallecidos en la represión de Senkata.

Sin motivo alguno, ya que se trataba de otra protesta pacífica, la policía les lanzó gases lacrimógenos a mansalva.

Las víctimas de esta masacre, que tenían entre 22 y 37 años, son Antonio Ronald Quispe Ticona, Clemente Mamani Santander, Calixto Huanaco Aguilario, Dedvi Posto Cusi, Edwin Jamachi Paniagua, Juan José Tenorio Mamani, Joel Colque Patty, Milton David Zenteno Gironda, Pedro Quisbert Mamani y Rudy Christhian Vásquez Condori.

Racismo y religión

Además de las masacres, el GIEI afirma que el conflicto generado alrededor de las elecciones de 2019 incluyó un componente significativo de discriminación, intolerancia y violencia racial que reavivó una problemática histórica y estructural de identidad en Bolivia.

El grupo de trabajo enfatiza en diferentes pasajes la importancia de la responsabilidad que comparten los líderes políticos que incentivaron o toleraron la violencia que ejercían sus respectivos simpatizantes, a lo que se sumó la ineficaz intervención del Estado.

«Esta polarización impulsó dos tendencias: la estigmatización de la población indígena, campesina, rural, en situación de pobreza o de tez morena como simpatizante del MAS, y la incorporación de una ideología religiosa al movimiento político de oposición», afirma.

El uso de la Biblia y la religión, advierte, jugó un papel relevante para justificar la causa divina del movimiento contra Morales y fomentó una idea antiindigenista que pretende restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública.

Reparación
El informe concluye con una treintena de recomendaciones, entre las que destaca el diseño de un plan de atención y reparación integral a las víctimas que incluya un censo certero, así como la promoción de actos públicos para reconocer su dignidad y asumir la responsabilidad estatal en las violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, en el histórico evento del lunes en el que recibió el documento de manera formal, el presidente Luis Arce ya pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado, mencionó a los fallecidos y encabezó un minuto de silencio en su honor.

Por otra parte, el GIEI enfatiza en varios pasajes la necesidad de apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar la memoria, pero sin imponer versiones únicas y, sobre todo, sin reforzar la polarización y reconociendo que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctimas.

«No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención», advierte.

También subraya la necesidad de fortalecer el funcionamiento del sistema de Justicia, con plena independencia con respecto a otros poderes, y de investigar los crímenes de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, respetando el debido proceso y los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas.

Recomienda, además, que el Ministerio Público conforme, a corto plazo y con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados en cada departamento de Bolivia para que investiguen los hechos ocurridos durante la crisis de 2019.

Para prevenir la repetición de esos casos, sugiere la creación de un mecanismo independiente que monitoree el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales, así como la adopción de protocolos y normas precisas, integrales y transparentes.

Cecilia González

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