Los efectivos Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra fueron imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abandono de persona seguido de muerte”. Por el femicidio de Rosario Sulca (48) están detenidos dos jóvenes de 17 y 18 años.
Los dos policías que concurrieron a la casa de la docente asesinada de 17 puñaladas en la ciudad de Salta luego de que pidiera auxilio al 911 porque la estaban “matando”, fueron detenidos por orden de la Justicia, que investiga por qué se retiraron del domicilio sin establecer antes qué había pasado.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño informó que los efectivos Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra fueron imputados como autores de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y el “abandono de persona seguido de muerte” de Rosa del Milagro Sulca (48).
Esta acusación fue impulsada por la Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero.
Mientras que el fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria extraordinaria, Gustavo Torres Rubelt, imputó también hoy a una adolescente de 17 años y a Pablo Ezequiel Verón (18) como “coautores” del “homicidio criminis causa con alevosía” de la docente.
En el decreto de imputación, Torres Rubelt sostuvo que los acusados ingresaron a la casa de la víctima durante la madrugada del martes pasado con intenciones de robo y para asegurar su cometido atacaron a Sulca con un arma blanca, con la que le provocaron 17 puñaladas en la zona del tórax hasta matarla.
Durante la audiencia de hoy ambos detenidos estuvieron acompañados por sus defensores oficiales y, tras conocer los cargos, Verón se abstuvo de declarar, mientras que la menor negó la acusación en su contra.
Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías en feria extraordinaria interviniente que se mantenga la detención de ambos mientras se cumplen diversas medidas probatorias solicitadas en el marco de la investigación.
Por otra parte, Simesen de Bielke y Rivero entendieron que los dos policías imputados, al ejercer una función pública y estar a su cargo la obligación de salvaguarda de la vida de las personas que alertan situaciones de peligro, incumplieron con sus obligaciones.
Esto en base a que luego de la recepción del llamado de emergencia de la víctima, quien alertó sobre la inminencia del ataque contra su vida, los efectivos llegaron al domicilio de la misma y se retiraron ante la falta de respuesta.
Los fiscales consideraron que ambos omitieron cumplir en forma deliberada la función que les fuera asignada, con la consecuencia de la muerte evitable de Sulca, explicaron los voceros consultados.
Del informe policial surge que, ante el llamado de alerta de la víctima, el personal del móvil 1113 se constituyó en la vivienda a las 2.51 del 28 de abril y una vez allí informó como “negativo moradores, no son alertados por persona alguna”.
Luego de efectuar los llamados y, al no ser atendidos, el móvil fue liberado a las 2.52, por cierre del suceso, informado como “delito no constatado”.
El mismo día a las 18.30 ingresó otra llamada al 911 por parte de una mujer que expresó que le resultaba extraño que su vecina no contestara llamadas ni mensajes, tras lo cual se halló el cuerpo apuñalado de Sulca.
En tanto, los investigadores constataron que antes del ataque, puntualmente el martes a las 2.37, la víctima realizó un llamado al 911 para pedir ayuda porque la estaban “matando”, según ella misma le comunicó a la operadora.
No obstante, otra voz femenina se puso inmediatamente al teléfono e intentó desestimar el llamado diciendo que se trataba de su tía y que tenía problemas de salud.
De acuerdo a la pesquisa policial, a raíz de ese llamado los dos efectivos ahora acusados se trasladaron al domicilio, situado en Amalia Aybar al 1400 del barrio Villa Mitre, de la capital salteña, tocaron la puerta y el timbre en forma insistente, intentaron llamar a la persona que pidió auxilio, y, ante la falta de respuesta, se retiraron.
Por otra parte, un grupo de vecinos se reunió anoche frente a la comisaría cuarta de dicho barrio, con barbijos y respetando la distancia social, para manifestarse por el crimen de la docente y pedir explicaciones al comisario sobre la actuación policial en este caso.
De manera anónima, los vecinos denunciaron que Sulca estaba amenazada por personas que le habían robado en varias oportunidades y que ella conocía, por lo que ya había hecho la denuncia correspondiente.
