Así lo manifestó el ministro de Justicia nacional, Martín Soria. En un hilo de tweets sostuvo que la encargada de investiga el atentado a CFK está contratada por el GCBA.
En una situación que de confirmarse sería escandalosa, este viernes se denunció que la jueza María Eugenia Capuchetti es empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cobra un sueldo de la mano de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde hace 4 años la Jueza encargada de investigar el atentado contra @CFKArgentina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de “investigadora”, a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia. pic.twitter.com/CMJfUfUpN1
— Martin Soria (@MartinSoria_) January 6, 2023
Así lo afirmó el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien en un hilo de tweets comenzó diciendo: “La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de (Marcelo) D’Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”.
Capuchetti es la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, luego de concursar y ganar el que otrora ostentaba Norberto Oyarbide, y es la encargada de investigar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado en las inmediaciones de su departamento del barrio porteño de Recoleta.
“Desde hace 4 años la jueza encargada de investigar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de ‘investigadora’, a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia”, apuntó Soria en sus publicaciones, que acompañó con documentación respaldatoria.
Y agregó que al Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA, que emplea a la magistrada Capuchetti y que tiene como autoridad al fiscal general de la CABA, Juan Bautista Mahiques, uno de los invitados a la estancia que el magnate Joe Lewis posee en Lago Escondido, “no se le conoce una sola investigación, ni publicación científica”.
Soria recordó que de acuerdo al Decreto-Ley Nº 1.285/58, se establece la incompatibilidad de la magistratura judicial con toda actividad política y cualquier actividad profesional, por lo que tras remarcar la “ilegalidad” de todo el asunto, concluyó: “Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py”.
Fuente: ANDigital
